La policía ayuda al ICE a incautar a los inmigrantes indocumentados encarcelados por delitos no violentos
noviembre 19, 2021 - 11:51 am
La policía de Las Vegas ayuda a los funcionarios federales a capturar a los inmigrantes indocumentados encarcelados por delitos no violentos, un cambio de práctica que, según los críticos, nunca se hizo público.
El Departamento de Policía Metropolitana (LVMPD) también ha dado instrucciones a los funcionarios de la cárcel para que no anoten en los registros de los reclusos que fueron recogidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), según muestran los documentos del LVMPD.
La inmigración ilegal es uno de los principales temas de campaña para los republicanos que se dirigen a las competitivas primarias de 2022, incluido el algaucil del Condado Clark, Joe Lombardo, que se postula como candidato a gobernador. Muchos apoyan la deportación de los inmigrantes indocumentados con cualquier tipo de antecedentes penales, mientras que la campaña de Lombardo promueve una “política de tolerancia cero para los criminales violentos”.
“Cuando los inmigrantes vienen a este país ilegalmente y cometen crímenes violentos en nuestras comunidades, deben ser expulsados”, escribió la campaña en un comunicado, añadiendo que el alguacil era “inequívocamente pro-inmigración legal”.
Pero los defensores locales de la inmigración dicen que la política del LVMPD hacia los delincuentes no violentos es contraria a la posición pública de Lombardo. También dicen que la práctica de mantenimiento de registros del departamento no es transparente.
El Review-Journal obtuvo la política a través de una solicitud de registros públicos después de que Lombardo presumiera en un acto de campaña en julio de que estuvo involucrado en la deportación de 10 mil personas. El cambio de política se hizo efectivo un día después de que el alguacil anunciara en octubre de 2019 que la cárcel del condado saldría del programa 287(g), su entonces asociación con ICE.
El portavoz del LVMPD, Aden OcampoGomez, confirmó la práctica mientras describía cómo el Centro de Detención del Condado Clark ayuda al ICE a llevar a los reclusos a la custodia federal.
“A quienes les interese, les llamamos”, dijo.
La política instruye al personal de la cárcel para que se ponga en contacto con el ICE “24 horas al día, siete días a la semana” sobre los reclusos buscados para procedimientos de deportación, según el documento.
Los agentes del ICE son informados cuando el recluso será liberado de la cárcel para que puedan estar afuera esperando para tomarlos en custodia, dijo OcampoGomez. Las recolecciones no se registran, una práctica que difiere del mantenimiento de registros bajo el programa 287(g).
“En este caso, no estamos transfiriendo la custodia. Estamos liberando a este individuo”, dijo OcampoGomez.
El ICE ha marcado a más de 800 reclusos desde que entró en vigor la política actual, dijo OcampoGómez. El LVMPD no hace un seguimiento de cuántos reclusos la agencia federal realmente toma en custodia.
Algunos críticos, entre ellos el director de la Clínica de Inmigración de la UNLV, Michael Kagan, dijeron que la política permite a la mayor agencia policial de Nevada ocultar su coordinación con el ICE.
“No es como si el LVMPD fuera un actor pasivo aquí. Ellos están activamente involucrados en el proceso y la elección de participar activamente”, dijo Kagan, cuya clínica defiende a las personas que enfrentan la deportación. “Eso significa que ciertamente tienen la responsabilidad de mantener registros para que el público sepa lo que están haciendo. Ese es un requisito básico de transparencia”.
Pero una organización nacional que busca reducir la inmigración en general dijo que encontraba aceptable la coordinación de las dos agencias.
“No hay nada en la ley que establezca que hay que cumplir un determinado umbral de delito para ser remitido al ICE”, dijo Ira Mehlman, portavoz de la Federación para la Reforma de la Inmigración Americana en Washington D.C. “Hemos visto innumerables ejemplos en el pasado en los que un departamento de policía local ha tenido a alguien bajo custodia y lo ha liberado cuando el ICE le pidió que lo retuviera, y pasó a cometer más delitos. Eso puede evitarse totalmente”.
El senador Joe Hardy, republicano por Boulder City, dijo que cree que esa política ayuda a evitar que los inmigrantes indocumentados buscados por el ICE eludan su captura.
“No hay motivación (para ellos) para quedarse una semana y esperar a ser encarcelados de nuevo”, dijo. “Creo que siempre lo haremos mejor si tenemos cooperación entre el estado, el condado y los funcionarios federales”.
Los funcionarios del ICE declinaron una entrevista, pero la portavoz regional de la agencia, Lori Haley, escribió en un comunicado que sus acuerdos con las cárceles locales y los departamentos de policía eran cruciales para poner bajo custodia a los inmigrantes indocumentados “en un entorno seguro y protegido”. Añadió que la gran mayoría de las personas que el ICE pone bajo custodia tienen condenas penales o cargos penales pendientes.
Algunos miembros de la Comisión del Condado Clark, que determinan el presupuesto anual de la cárcel del condado, que actualmente es de más de 250 millones de dólares, dijeron que no sabían que el LVMPD ayuda al ICE a detener a reclusos acusados de delitos no violentos.
“Si han cambiado la política internamente, espero que nos lo hagan saber, porque antes teníamos claro que se trataba de delitos violentos”, dijo el comisionado Tick Segerblom. “En la medida en que podamos mantener a las familias intactas es lo mejor para Las Vegas”.
Datos de deportación no disponibles
Las cárceles de la ciudad en el Valle de Las Vegas también colaboran con el ICE, pero algunas reportan que mantienen más registros que el LVMPD sobre los reclusos detenidos.
El Centro de Detención de Las Vegas reporta que más de 160 han sido detenidos desde octubre de 2019, cuando también salió del programa 287(g).
El centro de detención y correcciones de North Las Vegas no pudo proporcionar el número total de reclusos entregados desde que la cárcel reabrió sus puertas en julio de 2020. Sin embargo, los archivos de los reclusos individuales sí indican si fueron recogidos por ICE, dijo el portavoz de la ciudad Patrick Walker.
LVMPD no hace un seguimiento de cuántos reclusos de la cárcel del condado apresa el ICE, dijo OcampoGómez. Los correos electrónicos del ICE que notifican a la cárcel sobre los reclusos de interés también se eliminan después de un año como una cuestión de política del departamento.
La abogada local de inmigración Dee Sull dijo que cuando se representa a los inmigrantes que se enfrentan a la deportación, no conocer su cadena de custodia entre las agencias de la ley puede hacer más difícil determinar si hubo alguna mala acción en el proceso o citar a un oficial en el caso de un litigio civil.
Tras revisar la política del LVMPD, añadió: “Se están quitando de encima la posibilidad de ser arrastrados a un litigio”.
Antiguo programa 287(g)
En el marco del ahora abandonado programa 287(g), los empleados del LVMPD eran designados para actuar como agentes de inmigración y alertaban al ICE de los reclusos buscados para su deportación. La cárcel también cumplía con las “órdenes de retención” del ICE, que les permitía retener a un recluso durante 48 horas después de su fecha de liberación a petición de la agencia federal.
A diferencia de hoy, la transferencia de la custodia al ICE se registraba en los registros de los reclusos porque los agentes federales programaban una recolección dentro de la cárcel, dijo OcampoGómez.
LVMPD suspendió el programa 287(g) después de que un tribunal federal de distrito dictaminara que las órdenes de detención del ICE solo podían cumplirse en los estados con leyes que abordan específicamente las detenciones civiles de inmigrantes. Sin embargo, los funcionarios de la policía escribieron en un comunicado que “continuarán trabajando con el ICE en el Centro de Detención del Condado Clark en la deportación de personas sin estatus legal que han cometido crímenes violentos”.
El ICE se puso en contacto con la cárcel sobre los reclusos al menos 24 veces desde finales de octubre de 2020, según los correos electrónicos obtenidos por el Review-Journal. La correspondencia no indica si el recluso fue puesto bajo custodia del ICE.
LVMPD se negó a entregar al Review-Journal los documentos del ICE que tenía en su poder y que contenían información sobre el motivo por el que los reclusos eran buscados para su deportación, afirmando que la agencia federal debía entregarlos.
Pero los propios registros del departamento de policía muestran que al menos cinco de esos reclusos fueron detenidos por delitos no violentos antes de que el ICE preguntara por ellos. Por lo general, se les acusó de alguna combinación de robo, drogas e infracciones de tráfico, incluida la conducción bajo los efectos del alcohol (DUI).
Declaración de Lombardo
Lombardo ha renovado el escrutinio de las prácticas del LVMPD tras el comentario de su campaña en julio de que había ayudado a deportar a 10 mil personas, según informó The Nevada Independent. En septiembre, la cuenta de Twitter de su campaña tuiteó que el alguacil “desarrolló un sistema interno para identificar y denunciar a los inmigrantes ilegales”.
El sitio web de la campaña de Lombardo afirma que, tras suspender el programa 287(g), el alguacil “utilizó personal adicional y dedicó sus escasos recursos a trabajar directamente con el ICE para determinar la identidad de los delincuentes violentos de otras maneras”.
El director ejecutivo de la ACLU de Nevada, Athar Haseebullah, dijo que consideraba la nueva política del LVMPD como “una distinción sin diferencia” del programa 287(g), aparte de que ya no se retiene a los reclusos hasta 48 horas más para el ICE.
“Encontraron una solución”, dijo. “E incluso dentro de esa solución, no tienen que hacer un seguimiento de los números, las estadísticas o los datos”.
As Governor of Nevada I will ensure sanctuary cities are banned for the safety and wellbeing of all Nevadans! pic.twitter.com/zU7DPagr9l
— Joe Lombardo (@JoeLombardoNV) September 9, 2021
La campaña de Lombardo no respondió a las repetidas preguntas sobre el sistema interno o las afirmaciones de “10 mil deportados”. El portavoz de LVMPD, Larry Hadfield, dijo que el departamento no podía determinar cuántos reclusos fueron puestos en custodia bajo el programa 287(g) porque ya no tiene acceso a los registros del ICE.
La experiencia de un inmigrante
Se estima que 180 mil inmigrantes indocumentados vivían en el área metropolitana de Las Vegas en 2016, según Pew Research Center. Eso era alrededor del 8.2 por ciento de la población, una de las tasas más altas de Estados Unidos y más del doble del promedio nacional.
Un recluso puesto bajo custodia del ICE a principios de 2020 dijo que un agente federal estaba esperando dentro del Centro de Detención del Condado Clark para esposarlo cuando fue liberado.
“Básicamente el oficial (de la cárcel) simplemente me entregó a él”, dijo el inmigrante indocumentado, un hombre de El Salvador representado por Sull, el abogado de inmigración.
El Review-Journal concedió el anonimato al hombre y a su novia porque temen represalias. Todavía está litigando su caso de deportación.
El hombre dijo que fue detenido mientras conducía para hacer un mandado con su hija. Un agente del LVMPD lo detuvo por hablar por teléfono mientras conducía, según el reporte de su detención.
LVMPD arrestó al hombre por múltiples cargos, incluyendo DUI y negligencia infantil. Los fiscales se negaron a acusarlo formalmente de cualquiera de esos dos cargos, y más tarde fue declarado culpable de conducir sin licencia, según muestran los registros judiciales.
Después de que su novia pagara su fianza durante la noche, el hombre dijo que un agente del ICE lo esposó dentro de la cárcel tan pronto como terminó su papeleo para salir del centro. Su novia dijo que pasó horas tratando de averiguar por qué no volvía a casa, pero sus llamadas a la cárcel fueron infructuosas.
“Todos decían: ‘No, estamos seguros de que ha salido’”, recordó. “Fue muy frustrante. Tenía miedo de que le pasara algo”.
Anteriormente había sido deportado tras ser condenado por un delito de drogas, según los registros. Dijo que regresó a Estados Unidos debido a la violencia de las pandillas en El Salvador, su razón original para dejar su país de origen cuando era adolescente.
Una vez que el ICE lo aprehendió a principios de 2020, el inmigrante dijo que pasó seis meses en el Centro de Detención del Sur de Nevada en Pahrump, a una hora en coche de Las Vegas. Debido a las restricciones de COVID-19, la mayoría de las veces no podía ver a su familia.
El hombre fue puesto en libertad bajo fianza unos meses después y está apelando su caso de inmigración. Dice que tiene dos trabajos para compensar los ingresos que perdió mientras estuvo encerrado, y que debe presentarse semanalmente ante el ICE.
“Vives día a día”, dijo sobre la situación. “Nunca sabes si van a aparecer en mi casa y me van a llevar de nuevo”.
Aunque el ICE suele detener a los inmigrantes indocumentados a la salida de la cárcel, no hay ninguna norma que prohíba a los agentes detenerlos dentro de la cárcel, dijo Hadfield, el portavoz del LVMPD.
“Si están allí y el recluso es puesto en libertad, pueden detenerlo”, dijo.
Aunque las razones del hombre para salir de El Salvador suenan comprensibles, el senador Hardy dijo que los funcionarios de inmigración probablemente no podrían ignorar su condena penal anterior y su deportación.
“Creo que el ICE tendría dificultades para decir que es una persona a la que queremos dar libertad de acción”, dijo.
The Associated Press contribuyó a este reportaje.
LVMPD immigration jail policy by Las Vegas Review-Journal
Política nacional
En febrero, el presidente Joe Biden ordenó al ICE que se centrara en la detención de inmigrantes indocumentados que cometieran delitos "agravados", según informó The Associated Press. Un juez federal bloqueó esa orden en agosto, pero el 29 de noviembre entrarán en vigor nuevas directrices similares dirigidas a los acusados de "actividades delictivas graves".
The Washington Post reportó el mes pasado de que los agentes del ICE realizaron unas 72 mil detenciones administrativas durante el último año fiscal, según datos inéditos de la agencia obtenidos por el periódico. La agencia realizó unos 104 mil arrestos durante el año fiscal 2020, y promedió unos 148 mil arrestos por año desde 2017 hasta 2019.