Los comisionados del Condado Clark votaron de manera unánime para regular a los vendedores ambulantes en todo el valle de Las Vegas.
La nueva ordenanza que entró en vigor el 30 de abril permite a los vendedores operar legalmente en el valle, pero deberán seguir reglas estrictas como solicitar una licencia del condado, un permiso sanitario del distrito de salud y un seguro de responsabilidad general entre otras cosas.
La ley fue propuesta el año pasado en febrero ante la gobernación y la legislatura, y en junio del 2023 fue aprobada. “Luego de la firma del gobernador y pasar por la legislatura, ahora estamos en un momento en que la gente necesita entender un poco el sistema, los condados y las ciudades tienen hasta el 1° de julio para pasar las ordenanzas”, afirmó el senador Fabian Doñate en el marco de una reunión realizada con parte de la comunidad de vendedores ambulantes y las autoridades del condado.
La ley SB92 fue impulsada por el senador Doñate, quien al presentarla lo hizo con la premisa de ayudar a los vendedores. Pero la realidad es que para este momento muchos de los vendedores ambulantes no tienen información de lo que contiene la ley, si esto realmente les ayudará y cuáles serían los beneficios de ella.
El inicio de las altas temperaturas propias de abril hace a Antolin Ramos salir a trabajar con su puesto de frutas frescas por temporada, se ubica todos los días en la salida de un estacionamiento de una cadena de farmacias en la cuadra 8100 de Las Vegas Boulevard Sur. Afirma que debe moverse constantemente porque sabe que a otros compañeros la policía les ha quitado toda la mercancía, “He escuchado de una nueva ley pero no se detalles hasta ahora, estamos trabajando con todas las condiciones de higiene, pero no sabemos qué otra cosa van a exigir. Nosotros necesitamos trabajar y también estar en orden con la ley”, dijo Ramos.
Hasta ahora las autoridades se basan en la ley actual la cual tiene un sinfín de especificaciones y exigencias, que hasta cierto punto son muy engorrosas y pueden tardar meses incluso hasta un año en tener una respuesta positiva o negativa, es lo que comenta Tony Santiago, quien tiene 12 años trabajando con su pasión que son los mariscos.
Santiago se vino de California en época de pandemia en el 2020 a emprender su negocio de comida en un tráiler dedicado a la venta de mariscos.
“Hemos tenido que cumplir con exigencias que van desde la medida exacta de una manguera, debo buscar el agua en un sitio específico autorizado por el departamento de salud, cada 6 meses mandar a limpiar la campana, por que si el sticker está vencido me cierran y botan la mercancía. Yo estuve más de un año luchando por cumplir las exigencias actuales para poder abrir”.
Otro vendedor, Julio Cruz es propietario de “Fresh Fruit El Pato,” comentó que ha sido difícil tener los permisos correspondientes y eso le ha traído como consecuencia que las autoridades lo aborden, le obliguen a retirarse del lugar donde se para y hasta botar toda la fruta por lo que pierde dinero y día de trabajo. “No conozco nada sobre la nueva ley, solo he escuchado que nos puede ayudar a protegernos más, y evitar que la policía venga y nos quite la mercancía, como me pasó el año pasado me ordenaron moverme y luego me botaron todo lo que quedaba de la mercancía. Es por eso que estoy ahorrando para poder comprar un trailer. Es necesario una ley que no sea tan exigente por que yo he llevado cualquier cantidad de papeles que piden y al año de comenzar el tramite me respondieron que no”.
Luego de la votación, vendedores ambulantes presentes en el recinto reconocieron la necesidad de esta vía legal para sus operaciones comerciales, sin embargo, algunos dijeron que los requisitos son demasiado estrictos y pueden afectar significativamente sus ingresos.
La nueva ordenanza incluye puntos como la prohibición de operaciones en lugares cerca del Strip de Las Vegas, el estadio Allegiant, lugares de culto, parques públicos y escuelas. Tampoco se les permitirá trabajar después de las 9p.m. y sumado a esto necesitan solicitar varios permisos como licencias comerciales y de salud. No cumplir con alguna de ellas puede llevarlos a tener que pagar una multa de $500 y hasta seis meses en la cárcel del condado, o ambas.