Los procedimientos judiciales en el caso de un hombre acusado de un homicidio en 2003 quedaron en pausa después de que un juez estuvo de acuerdo con el argumento del Estado de Nevada de que su asesor legal, la Oficina del Defensor Público del Condado Clark, tiene un conflicto de interés en el caso.
La Oficina del Defensor Público sostuvo que no existe conflicto de interés y solicitó suspender los procedimientos para buscar una decisión de un tribunal superior.
El juez accedió a esta petición, dejando el caso en suspenso. Está previsto que el miércoles por la mañana se escuche en el Tribunal de Distrito una petición de urgencia sobre este asunto presentada por la defensa.
El acusado Ricky Lee Trader, de 47 años, está acusado de matar a Theresa Romano, de 28 años, cuyo cuerpo fue descubierto en 2003 en una residencia de Henderson en la cuadra 200 de Gold Street. Ahora enfrenta un cargo de homicidio abierto después de que nuevas pruebas de ADN vincularan a Trader con la escena del crimen, dijo la policía.
Apenas unos días después de que se descubriera el cadáver de Romano, el 3 de septiembre de 2003, una mujer llamada Sherry Wright dijo a los detectives que Trader se había presentado en su porche diciendo cosas preocupantes, como que “había sangre por todas partes, y que ella no se callaba”, refiriéndose a una mujer no identificada.
Wright es una testigo clave en el caso del Estado contra Trader, muestran los registros judiciales. Pero la Oficina del Defensor Público del Condado Clark la ha representado previamente en dos ocasiones, una en 2011 y otra en 2019.
Si bien la Oficina del Defensor Público sostiene que estos casos no estuvieron relacionados con el de Trader y que no existe conflicto de interés, el 5 de agosto, la fiscalía presentó una petición para abordar el posible conflicto.
Al día siguiente, en el tribunal, la fiscal adjunta Elizabeth Mercer planteó el asunto ante el juez David Gibson. “Su señoría, ha sido mi experiencia en los últimos aproximadamente 15 años que la Oficina del Defensor Público por lo general entra en conflicto cuando representan a un testigo esencial en el caso”, dijo Mercer, según muestran transcripciones judiciales.
Anna Clark, defensora pública, dijo al tribunal: “No creemos que tengamos un conflicto”. Añadió que la oficina pidió la opinión del colegio de abogados del estado, el cual, dijo, estuvo de acuerdo.
A pesar de esto, Gibson dijo que sí sentía que había un conflicto. “En realidad, me sorprende que la Oficina del Defensor Público quiera seguir con el caso, basándome en todo lo que veo todos los días aquí con el defensor público. A la menor cosa, se retiran”, dijo, según muestran las transcripciones.
“Este es un caso serio. No queremos que nada lo estropee por no hacerlo bien”, dijo Gibson.
En el Tribunal de Justicia el martes por la mañana, Clark expresó que la Oficina del Defensor Público llevará el asunto a la Corte Suprema de Nevada si el Tribunal de Distrito considera que existe un conflicto de interés en la audiencia del miércoles.