Una jueza de Las Vegas ha ordenado al Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) que haga públicas las grabaciones de las cámaras corporales de un altercado policial en el que se vieron implicados estudiantes cerca de Durango High School en febrero.
La American Civil Liberties Union de Nevada (ACLU), que representa a los estudiantes implicados en el enfrentamiento, ha demandado al distrito escolar la divulgación de las grabaciones. El distrito ha argumentado que los registros eran confidenciales y se consideraban información de justicia juvenil porque un estudiante fue citado por un agente, pero la jueza no estuvo de acuerdo con el argumento en una orden publicada el lunes.
La jueza de distrito Danielle Chio escribió que las grabaciones de las cámaras corporales debían hacerse públicas porque los fiscales no presentaron cargos contra el menor que fue multado y porque los padres de los menores firmaron una renuncia de cesión que se presentó ante el tribunal.
La jueza ordenó que las grabaciones se hicieran públicas antes del 17 de enero, con modificaciones para proteger la identidad de los menores, según la orden judicial.
“El tribunal no permitió que el distrito utilizara como arma un privilegio destinado a proteger a los estudiantes”, dijo el director jurídico de la ACLU de Nevada, Christopher Peterson.
El distrito escolar no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
La ACLU demandó al distrito escolar después de que un video publicado en febrero en las redes sociales mostrara al teniente Jason Elfberg, agente de policía del distrito, empujando a un estudiante afroamericano al suelo y poniéndole una rodilla en la espalda. El estudiante había estado grabando el arresto de otros menores, según la ACLU, y el distrito ha declarado que el enfrentamiento tuvo su origen en una investigación sobre un reporte de un arma de fuego cerca de la escuela.
Aunque la grabación del teléfono celular ya se ha publicado en internet, Peterson dijo que la grabación de la cámara corporal debería demostrar que el estudiante tenía derecho a filmar al agente en virtud de la Primera Enmienda.
“Elimina cualquier excusa que pueda existir, los ‘quizás’ y los ‘y si’ que siempre circulan entre el público, que parecen hacer recaer siempre la carga, independientemente de lo que muestre el video, sobre las víctimas de la violencia policial”, dijo.
La jueza también reglamentó que un reporte de asuntos internos que detalla la investigación sobre Elfberg, que no resultó en disciplina, es confidencial y no tiene que ser divulgado por el distrito escolar.
Peterson dijo que el documento de asuntos internos habría sido útil para demostrar si el distrito actuó adecuadamente después de que se produjera el incidente. Pero subrayó que la publicación de las imágenes de las cámaras corporales ofrecerá transparencia al público.
“Es algo que la gente puede ver”, dijo. “No tienen por qué aceptar la palabra del agente de policía sobre lo ocurrido, ni la palabra del distrito sobre lo ocurrido. Pueden verlo con sus propios ojos”.
Una audiencia en el caso está programada para el martes como una comprobación del estado de una solicitud de registros que la ACLU hizo para los correos electrónicos entre los empleados del distrito sobre el altercado. Un abogado del distrito escolar ha indicado que la solicitud de la ACLU había arrojado 15 mil mensajes.