El Tribunal Supremo permite a ciudades aplicar prohibición sobre desamparados
WASHINGTON - El Tribunal Supremo decidió el viernes que las ciudades pueden aplicar prohibiciones a los desamparados que duermen al aire libre en zonas de la costa oeste donde falta espacio para refugios.
El caso es el más importante que se ha presentado ante el alto tribunal en décadas sobre el tema y se produce al aumento del número de personas en Estados Unidos que carecen de un lugar permanente donde vivir.
En una decisión de 6-3, que sigue las mismas líneas ideológicas, el alto tribunal revocó una sentencia de un tribunal de apelaciones con sede en San Francisco que consideraba que la prohibición de dormir al aire libre constituía un castigo cruel e inusual.
La mayoría consideró que la prohibición de la Octava Enmienda no se extiende a las prohibiciones de dormir al aire libre.
“El fenómeno de los desamparados es complejo. Sus causas son múltiples. También lo pueden ser las respuestas de política pública necesarias para abordarlo”, escribió el juez Neil Gorsuch para la mayoría. “Un puñado de jueces federales no puede comenzar a ‘igualar’ la sabiduría colectiva que posee el pueblo estadounidense para decidir ‘la mejor manera de manejar’ una cuestión social apremiante como la falta de vivienda”.
Un grupo bipartidista de dirigentes había argumentado que la sentencia en contra de las prohibiciones dificultaba la gestión de los campamentos al aire libre que invaden aceras y otros espacios públicos en nueve estados occidentales. Entre ellos se encuentra California, donde vive un tercio de los desamparados del país.
“Ciudades de todo el Oeste reportan que la prueba involuntaria del noveno Circuito ha creado una incertidumbre intolerable para ellos”, escribió Gorsuch.
Por otro lado, los activistas de los desamparados afirmaron que permitir que las ciudades castiguen a las personas que necesitan un lugar donde dormir criminalizaría el fenómeno de los desamparados y, en última instancia, empeoraría la crisis. Hasta ahora, las ciudades podían regular los campamentos, pero no prohibir que la gente durmiera al aire libre.
“Dormir es una necesidad biológica, no un delito”, dijo la jueza Sonia Sotomayor, leyendo desde el estrado un voto particular al que se sumaron sus colegas liberales. “Castigar a las personas por su condición es ‘cruel e inusual’ según la Octava Enmienda”, escribió en su voto particular.
El caso procedía de la localidad rural de Grants Pass, en Oregón, que recurrió una sentencia que reglamentaba la imposición de multas de 295 dólares a quienes durmieran a la intemperie después de que las tiendas de campaña empezaran a abarrotar los parques públicos. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, que tiene jurisdicción sobre los nueve estados occidentales, ha sostenido desde 2018 que tales prohibiciones violan la Octava Enmienda en áreas donde no hay suficientes camas de refugio.
La sentencia del viernes se produce después de que el número de personas sin hogar en Estados Unidos creciera un dramático 12por ciento el año pasado hasta alcanzar el nivel más alto reportado, ya que el aumento de las rentas y la disminución de la asistencia por la pandemia de coronavirus se combinaron para poner la vivienda fuera del alcance de más personas.
Se calcula que más de 650 mil personas están desamparadas, la cifra más alta desde que el país empezó a usar una encuesta anual puntual en 2007. Casi la mitad de ellas duermen a la intemperie. Los activistas afirman que los adultos mayores, las personas LGBTQ+ y las personas de color se ven afectadas de forma desproporcionada. En Oregón, la falta de recursos para la salud mental y las adicciones también ha contribuido a alimentar la crisis.
